Tras la reunión de la Gobernación con los médicos de la CICOP, este viernes será el turno de los judiciales nucleados en la AJB, el gremio más importante del sector que cerró 2014 con 48 horas de paro a la espera, precisamente, de una convocatoria y en repudio a una suba salarial aplicada por las autoridades provinciales a los jueces.
La cita tendrá lugar a partir de las 11.00, para dar inicio a la negociación, dilatada desde diciembre.
Probablemente la administración bonaerense siga el camino iniciado tanto con los docentes como estatales. Es decir, la idea apuntaría a lograr un anticipo del aumento que será acordado más tarde para todo el año, una especie de mejora a cuenta con el fin de amortiguar los efectos de la inflación, que tuvo su pico en 2014 con índices de entre 30 y 40 por ciento anual.
Cabe señalar que los judiciales bonaerenses permanecen en estado de alerta desde la última huelga.
El descontento pasa por el incremento atribuido a los magistrados, que son los mejor remunerados de todo el sistema judicial.
Pero también hay una serie de cuentas pendientes, sin subsanar desde hace varios años y animaron fuertes protestas durante los tiempos recientes. El más importante de esos puntos es la Porcentualidad Salarial, un mecanismo que enganchaba el salario de los funcionarios judiciales a los haberes percibidos por los más altos miembros de ese poder.
Ese esquema estaba en vigencia hasta fines de 1991, cuando fue vetado por un decreto de Antonio Cafiero, el entonces Gobernador de la provincia, mientras que su sucesor, Eduardo Duhalde, terminó de sepultarlo. En octubre del 2011, la AJB logró un fallo favorable firmado por un grupo de conjueces, que instaron a que la provincia tomara medidas para restituirlo lentamente.
Hubo negociaciones entre el Ministerio de Seguridad y la AJB en 2012, luego de largas semanas con paros y protestas en todos los distritos. Pero no llegaron a un acuerdo y el tema quedó en suspenso.
También hay algo de ruido por el proyecto de autarquía y descentralización financiera del Pode Judicial, enviado por el Poder Ejecutivo a la Legislatura en octubre del año pasado. Ingresó por el Senado y no cuenta siquiera con media sanción, pero dos comisiones clave -Presupuesto y Legislación General- empezaron a debatirlo en diciembre, con los miembros del máximo tribunal.
La iniciativa contempla la posibilidad de transferir un porcentaje automático del Presupuesto a la Justicia y que su manejo corra por cuenta de la Corte Suprema, incluyendo no sólo los gastos para el mantenimiento e infraestructura sino también los sueldos, motivo de alarmas puertas adentro, según confesó el líder del sindicato, Hugo Blasco.
Los judiciales amenazan con no iniciar la actividad en los tribunales el primer día hábil de febrero, cuando termina la feria de todos los años.
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